Texto íntegro: Proyecto de Ley de Cooperación entre el Estado de Chile y la Corte Penal Internacional.

P R O Y E C T O   D E   L E Y:

“Artículo primero.-  Apruébase la siguiente ley de cooperación entre el Estado de Chile y la Corte Penal Internacional:

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1°. Definiciones.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

1. Autoridades Nacionales: Los tribunales pertenecientes al Poder Judicial y el Ministerio Público.

2. Corte Penal Internacional: Cualquiera de los órganos que componen dicho tribunal internacional conforme al Estatuto de Roma, esto es, la Presidencia, la Sala de Apelaciones, la Sala de Primera Instancia, la Sala de Cuestiones Preliminares, la Fiscalía y la Secretaría. Salvo en los casos en que se disponga expresamente otra cosa, las comunicaciones dirigidas a la Corte Penal Internacional se harán llegar a través de su Secretaría o de la Fiscalía, según corresponda.

3. Crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional: Los crímenes individualizados en el artículo 5° del Estatuto de Roma.

4. Delitos de competencia de la Corte Penal Internacional: Los delitos contra la administración de justicia, establecidos en el artículo 70 del Estatuto de Roma.

5. Detención previa: Aquella que se decrete por las Autoridades Nacionales de conformidad con el artículo 92 del Estatuto de Roma, antes de haber recibido la respectiva solicitud de entrega por parte de la Corte Penal Internacional.

6. Entrega: El traslado de una persona desde el territorio de la República de Chile hasta la Corte Penal Internacional, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Roma y en la presente ley.

7. Estatuto de Roma: El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, incluyendo aquellas enmiendas que hayan entrado en vigor para el Estado de Chile y las normas secundarias dictadas de conformidad con lo dispuesto en dicho tratado.

8. Solicitudes de cooperación: Comprende aquellas relativas a la entrega, así como las otras formas de asistencia sobre investigaciones o enjuiciamientos penales, reguladas en el Título IV de esta ley.

Artículo 2°. Obligación de cooperar.

Las Autoridades Nacionales cooperarán plenamente con la Corte Penal Internacional en relación con la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes y delitos de competencia de ese Tribunal.

La ejecución de las solicitudes de cooperación reguladas en esta ley no podrá importar una privación o restricción ilegítima del ejercicio de los derechos y garantías procesales aplicables de conformidad a la legislación chilena y a los tratados internacionales de derechos humanos aplicables.

Artículo 3°. Legislación aplicable y supletoriedad.

Las solicitudes de cooperación remitidas por la Corte Penal Internacional se tramitarán según el procedimiento establecido en esta ley, el Estatuto de Roma y, subsidiariamente, el Código Procesal Penal y demás leyes que resulten aplicables.

Artículo 4°. Forma, trasmisión y respuesta de las solicitudes de cooperación.

Las solicitudes de cooperación provenientes de la Corte Penal Internacional deberán ser formuladas por escrito, y tanto éstas como los documentos que las justifiquen, deberán redactarse en idioma español o ser acompañadas de una traducción a ese idioma. Dichas solicitudes y documentos estarán exentos de los requisitos de legalización o apostilla, y deberán ser enviados en original o copia certificada.

Las solicitudes señaladas en el inciso anterior deberán remitirse al Ministerio de Relaciones Exteriores, por la vía diplomática, o por cualquier otro conducto adecuado que dicho Ministerio haya designado para ese efecto y que haya sido debidamente comunicado a la Corte Penal Internacional.

Cuando la persona requerida o la persona cuya intervención se requiera no pudiere darse a entender en idioma español, y la Corte Penal Internacional formule a su respecto una solicitud de entrega o una solicitud de cooperación a la que deba aplicarse el artículo 55, párrafo 1, letra c), del Estatuto de Roma, dicha solicitud deberá ir acompañada de una traducción a un idioma que dicha persona supiere, así como de una traducción al mismo idioma de las disposiciones del Estatuto de Roma que resulten aplicables. Tratándose de una solicitud de entrega, ella deberá ir acompañada de una traducción, en los mismos términos, de la orden de detención y del fallo condenatorio, cuando lo hubiere.

Las respuestas a las solicitudes de cooperación se remitirán por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Corte Penal Internacional, también en idioma español y en su forma original. En el caso de las solicitudes remitidas con urgencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitirá los documentos o antecedentes requeridos por la vía que garantice la máxima prontitud y seguridad posible, apenas cuente con ellos. Para tales fines, el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá utilizar sistemas seguros de transmisión por vía electrónica.

Artículo 5°. Secreto o reserva de la solicitud y de los documentos que la justifiquen.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, las Autoridades Nacionales, así como cualquier otro funcionario público que, en razón de su cargo, haya tomado conocimiento de una solicitud de cooperación de la Corte Penal Internacional y de los documentos que las justifiquen, deberán darles el tratamiento de información de carácter secreta o reservada, salvo en la medida en que su divulgación sea necesaria para tramitarla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87, párrafo 3 del Estatuto de Roma y en el artículo 8° de la Constitución Política de la República.

El tribunal señalado en el artículo 11 de esta ley podrá disponer, a petición de parte, la divulgación total o parcial de la solicitud o de los antecedentes que la justifiquen, cuando ello sea necesario para proceder a su tramitación. Para estos efectos, el tribunal someterá la solicitud a las reglas de los incidentes contempladas en el Título IX del Libro I del Código de Procedimiento Civil. La resolución que acoja el incidente deberá ser fundada y precisar el o los instrumentos respecto de los cuales se autoriza la divulgación, y los términos y condiciones en que se autoriza. La resolución que acogiere la solicitud será apelable en ambos efectos ante la Corte Suprema. Aquella que la rechazare será apelable ante la misma Corte en el solo efecto devolutivo.

Artículo 6°. Solicitudes de información o documentos de terceros Estados.

Si la Corte Penal Internacional requiriera información o documentos que se encuentren en custodia, posesión o control del Estado de Chile, pero que le hubieren sido entregados con carácter secreto o reservado por otro Estado, una organización intergubernamental u organización internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores sólo entregará dicha información o documentos cuando el Estado u organización respectivo consienta en ello, en los términos que establece el artículo 73 del Estatuto de Roma.

Cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores tenga motivo para creer que un documento o información que le ha sido remitido por el Ministerio Público, en ejecución de una solicitud, pudiera estar comprendido en la situación descrita en el inciso anterior, lo informará al órgano del Estado que tenga o haya tenido en custodia, posesión o control la información o documentos de que se trate, solicitando que especifique las condiciones bajo las cuales los obtuvo.

Con posterioridad, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitará al Estado u organización remisor su consentimiento para la divulgación de dicha información o documentos. El Ministerio de Relaciones Exteriores informará la respuesta de dicho Estado u organización a la Corte Penal Internacional y al órgano del Estado de Chile que haya proporcionado el respectivo documento o información.

Artículo 7°. Gastos.

Los gastos derivados de solicitudes de cooperación reguladas en esta ley serán de cargo del Estado de Chile, salvo aquellos gastos a los que está obligada la Corte Penal Internacional en virtud de lo dispuesto en los artículos 100 y 107, párrafo 2, del Estatuto de Roma.

Artículo 8°. Actuaciones y consultas con la Corte Penal Internacional.

Salvo en los casos en que en esta ley disponga lo contrario, el Ministerio de Relaciones Exteriores será el único órgano competente para representar al Estado de Chile ante la Corte Penal Internacional, respecto de cualquier actuación, presentación o recurso que le corresponda realizar ante dicho Tribunal según el Estatuto de Roma, la presente ley o el derecho interno chileno.

Toda consulta que sea pertinente realizar con la Corte Penal Internacional, de conformidad con esta ley y el Estatuto de Roma, será efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a la brevedad posible y sin dilación.

Cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores requiera información a otros órganos del Estado con el fin de utilizarla en las consultas referidas en el inciso anterior, éstos deberán remitir sus respuestas al Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de un plazo de diez días hábiles, contados desde que dicho órgano haya recibido la respectiva solicitud.En casos calificados, el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá prorrogar dicho plazo, en la medida en que ello no afecte el desarrollo de las consultas celebradas con la Corte Penal Internacional.

Si los órganos requeridos no evacuaren la información solicitada dentro de plazo, el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá prescindir de ella en las consultas que celebre con la Corte Penal Internacional, lo que no obstará a que pueda considerar dicha información una vez que cuente con ella. Lo establecido en este inciso será sin perjuicio de las eventuales responsabilidades administrativas a que pudiere haber lugar.

TÍTULO II

Solicitudes de entrega

Artículo 9°. Procedencia y requisitos de las solicitudes de entrega.

La Corte Penal Internacional podrá solicitar al Estado de Chile la entrega de personas que puedan encontrarse en su territorio y que estén siendo investigadas, enjuiciadas o hayan sido condenadas por sentencia firme por ésta, respecto de uno o varios crímenes o delitos de su competencia.

La solicitud de entrega emitida por la Corte Penal Internacional deberá contener o ir acompañada de:

1. La información suficiente para la identificación de la persona requerida, y los datos sobre su probable paradero;

2. Una copia de la orden de detención dictada en contra de la persona requerida;

3. Cuando la solicitud se refiera a una persona respecto de la cual exista motivo razonable para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional, deberá contener una referencia expresa a los crímenes o delitos que se le imputan, una descripción de los hechos que presuntamente sean constitutivos del crimen o delito que motiva el pedido, un resumen de las pruebas y cualquier otra información que constituya motivo razonable para creer que la persona requerida participó en tales hechos, y los motivos por los cuales la Corte Penal Internacional estimó necesaria la detención de la persona, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58, párrafo 1, letra b), del Estatuto de Roma;

4. Cuando la solicitud de entrega se refiera a una persona condenada por la Corte Penal Internacional, deberá ir acompañada de una copia de la sentencia condenatoria firme, y deberá contener datos suficientes para demostrar que la persona requerida es aquella a la que se refiere la sentencia condenatoria. Si la persona ha sido condenada a una pena privativa de libertad, la sentencia deberá indicar la parte de la pena que se ha cumplido, en su caso, y la que resta por cumplir.

Cuando la persona requerida no pudiere darse a entender en idioma español, y la Corte Penal Internacional formule a su respecto una solicitud de entrega, dicha solicitud deberá ir acompañada de una traducción, en los términos del inciso tercero del artículo 4° de esta ley.

Artículo 10. Examen de forma de las solicitudes de entrega.

El Ministerio de Relaciones Exteriores examinará, tan pronto como sea posible, las solicitudes de entrega formuladas por la Corte Penal Internacional, con el fin de verificar si cumplen con los requisitos formales indicados en el artículo 4° de esta ley, y si contienen las menciones indicadas en el artículo precedente.

Si el Ministerio de Relaciones Exteriores concluye que la solicitud de entrega no cumple con los requisitos formales individualizados en el inciso anterior, dicho Ministerio celebrará las consultas necesarias para subsanar dicho inconveniente con la Corte Penal Internacional.

Si, efectuado el examen a que se refiere el inciso primero, el Ministerio de Relaciones Exteriores concluye que la solicitud de entrega cumple con los requisitos formales individualizados en el inciso primero, deberá remitirla inmediatamente a la Corte Suprema.

Artículo 11. Tribunal competente en única instancia.

Un Ministro de la Corte Suprema, designado por ese tribunal, conocerá en única instancia:

1. De las solicitudes emanadas de la Corte Penal Internacional sobre detención previa, entrega, y las ampliaciones de las solicitudes de entrega;

2. De las solicitudes de autorización de tránsito provenientes de la Corte Penal Internacional.

Artículo 12. Representación de la Corte Penal Internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores representará el interés de la Corte Penal Internacional en el procedimiento de entrega.

Artículo 13. Detención de la persona requerida en territorio nacional.

Recibida la solicitud, el Ministro de la Corte Suprema examinará inmediatamente si ésta cumple con los requisitos formales señalados en el artículo 9° de esta ley, y cuando ello sea efectivo, emitirá, de oficio y sin más trámite, una orden de detención, de conformidad con lo dispuesto en el Párrafo 3° del Título V del Libro I del Código Procesal Penal, con el único objeto de poner a su disposición a la persona requerida. Para los efectos de emitir dicha orden, el respectivo Ministro no podrá calificar si la orden de detención dictada por la Corte Penal Internacional se ajusta a lo dispuesto en el Estatuto de Roma, por lo que no podrá verificar la concurrencia de los requisitos previstos en los letras a) y b) del párrafo 1 del artículo 58 de dicho tratado internacional. Una copia de dicha orden será remitida al representante de la Corte Penal Internacional y al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cuando el Ministro de la Corte Suprema estimare, por resolución fundada, que la solicitud no cumple con los requisitos formales previstos en el artículo 9° de esta ley, lo comunicará de inmediato al Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de que el referido Ministerio realice las consultas necesarias con la Corte Penal Internacional para subsanar dicha dificultad.

Al momento de la detención, la respectiva orden deberá ser intimada en forma legal a la persona requerida, informándole que existen motivos fundados para creer que ha cometido un crimen de competencia de la Corte Penal Internacional, y que por tal motivo dicho tribunal ha presentado una solicitud de entrega dirigida en su contra. En tal oportunidad, también se le informará que será conducida ante la presencia del Ministro de la Corte Suprema competente con el objeto de realizar la respectiva audiencia de control de detención, y que en dicha audiencia se le entregará una copia de la solicitud de entrega efectuada por la Corte Penal Internacional, junto con sus antecedentes fundantes.

Una vez efectuada la detención, dicha circunstancia será comunicada inmediatamente al Ministro de la Corte Suprema competente, el que a su vez lo informará al representante de la Corte Penal Internacional, para efectos de su comparecencia a la audiencia de control de detención. El Ministro de la Corte Suprema también comunicará la circunstancia de haberse efectuado la detención al Ministerio de Relaciones Exteriores, el que sin demora transmitirá dicha información a la Corte Penal Internacional.

Artículo 14. Audiencia de control de la legalidad de la detención.

Una vez producida la detención, los agentes policiales que la hubieren realizado o el encargado del recinto de detención conducirán inmediatamente a la persona requerida a la presencia del Ministro de la Corte Suprema competente, con el objeto de verificar, en audiencia pública, si la orden le es aplicable, si la detención se llevó a cabo en forma legal y si serespetaron los derechos establecidos en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encontraren vigentes. La audiencia también tendrá por objeto proporcionar a la persona requerida la información señalada en este artículo, y citar a la audiencia prevista en el artículo 22.

Si la audiencia de control de detención no pudiere ser realizada inmediatamente, la persona requerida deberá ser conducida a la presencia del Ministro de la Corte Suprema en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, contadas desde el momento de la detención.

El Ministro de la Corte Suprema, inmediatamente después de haber tomado noticia de la detención de la persona requerida, deberá dar conocimiento de dicho hecho y remitirá los antecedentes que fundan la solicitud de entrega a su abogado de confianza, si la persona requerida hubiere designado uno, o en su defecto, a la Defensoría Penal Pública. En todo caso, el Ministro de la Corte Suprema deberá verificar, antes de la audiencia de control de detención, que la persona requerida cuenta con la asistencia de un defensor. Para efectos de este inciso, y mientras no conste lo contrario, se presumirá que la persona imputada no cuenta con un defensor de su confianza.

Asimismo, la persona requerida tendrá derecho a que se le designe un intérprete si no comprende el idioma español. En tal caso, el Ministro de la Corte Suprema adoptará las medidas pertinentes para asegurar la presencia de un intérprete durante la audiencia. Asimismo, el Ministro procurará que, al momento de dar inicio a la audiencia de control de detención, estén disponibles las traducciones de los documentos que deban ser entregados a la persona requerida en dicha oportunidad.

Todos los intervinientes deberán concurrir a la audiencia de control de detención, la cual podrá ser suspendida por el Ministro de la Corte Suprema por un plazo no superior a cuarenta y ocho horas, contadas desde el momento de la detención, con el fin de permitir la concurrencia del representante de la Corte Penal Internacional. En cualquier caso, el Ministro de la Corte Suprema podrá, por resolución fundada, ampliar este plazo hasta por cinco días.

Si transcurrido el plazo máximo fijado por el tribunal para la audiencia, el representante de la Corte Penal Internacional no concurriere a ésta, la audiencia se desarrollará en rebeldía del representante de la Corte Penal Internacional.

Artículo 15. Inicio de la audiencia de control de la legalidad de la detención.

Al inicio de la audiencia de control de detención, el Ministro competente pasará a examinar si la detención se llevó a cabo conforme a derecho, y si los derechos del detenido fueron debidamente respetados. Asimismo, el Ministro deberá verificar que la persona detenida es aquella a la que se refiere la solicitud de la Corte Penal Internacional. En cualquier caso, la declaración de ilegalidad de la detención no obstará a que se solicite y decrete la prisión preventiva de la persona requerida, ni tampoco impedirá que se cite a la audiencia a la que se refiere el artículo 22 de esta ley.

Una vez examinada la legalidad de la detención, el Ministro de la Corte Suprema le informará a la persona requerida:

1. Que la Corte Penal Internacional ha solicitado al Estado de Chile que proceda a entregarla a dicho tribunal;

2. Cuáles son los principales fundamentos de la solicitud de entrega remitida por la Corte Penal Internacional, para lo cual el Ministro procederá a efectuar una síntesis de su contenido. Dicha síntesis deberá contemplar la información requerida por esta ley en el artículo 9°, numeral 3, o en el artículo 9°, numeral 4, según el tipo de solicitud de entrega de que se trate;

3. Cuál es el procedimiento que regirá la tramitación de la solicitud de entrega, de conformidad con lo previsto en esta ley y en el Estatuto de Roma;

4. Que tiene derecho a impugnar, ante la Corte Penal Internacional, la procedencia de la orden de detención dictada por ese tribunal, con arreglo al artículo 58 del Estatuto de Roma;

5. Que, en cualquier momento, tiene la posibilidad de solicitar a la Corte Penal Internacional el nombramiento de un abogado, con el objeto de que le asista en las actuaciones que correspondan ante dicho tribunal. Se le informará que dicha solicitud será resuelta por la Corte Penal Internacional, de conformidad con su propia normativa;

6. Que, mientras se resuelve y ejecuta la solicitud de entrega remitida por la Corte Penal Internacional, tendrá derecho a solicitar su libertad provisional, la que podrá decretarse cuando se cumplan los requisitos previstos en el artículo 59, párrafo 4, del Estatuto de Roma.

Adicionalmente, cuando la solicitud de entrega se refiera a una persona que todavía no haya sido condenada por la Corte Penal Internacional a partir de los crímenes o delitos que fundan la solicitud, el Ministro de la Corte Suprema le comunicará a la persona requerida:

1. Que se le presume inocente, mientras no se pruebe su responsabilidad ante dicho tribunal internacional por los crímenes o delitos que se le imputan;

2. Que no está obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y que tiene derecho a guardar silencio, sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia;

3. Que tiene derecho a declarar de palabra o por escrito en su defensa, sin prestar juramento; y

4. Que, en caso de que llegara a ser interrogada en cumplimiento de una solicitud de cooperación de la Corte Penal Internacional, tendrá derecho a que ello tenga lugar en presencia de su abogado defensor, sea que se trate de su abogado de confianza, o del que se le hubiere designado a falta de aquel.

Luego de proporcionar dicha información, el Ministro de la Corte Suprema verificará que a la persona requerida y a su defensor se le entregue una copia de la solicitud de entrega, junto con los documentos que la hayan debido acompañar de conformidad con el artículo 22 de esta ley. Asimismo, en caso de que la persona requerida no comprenda español, se le entregarán las traducciones que la Corte Penal Internacional haya debido acompañar a la solicitud, según lo dispuesto en el artículo 4º, inciso tercero, de esta ley.

Artículo 16. Solicitud de medidas cautelares.

En la misma audiencia de control de detención, el representante de la Corte Penal Internacional deberá solicitar la prisión preventiva o el arresto domiciliario total de la persona requerida. En caso de rebeldía del representante de la Corte Penal Internacional, el ministro competente indicará cuáles fueron los motivos por los cuales dicho tribunal estimó necesaria la detención de la persona requerida, para lo cual dará lectura a los antecedentes pertinentes mencionados en el artículo 9, numeral 3, de esta ley. Luego, solicitará al defensor que se pronuncie sobre la procedencia de las medidas cautelares individualizadas en este inciso.

A continuación, dará traslado al defensor a efectos de que este pueda solicitar la libertad provisional del detenido, para lo cual deberá invocar fundadamente las circunstancias urgentes y excepcionales que lo justifiquen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59, párrafo 4, del Estatuto de Roma, y la presente ley. Interpuesta la solicitud de libertad provisional, el Ministro de la Corte Suprema deberá suspender la audiencia oficiando inmediatamente al Ministerio de Relaciones de Exteriores, con el encargo de que transmita dicha solicitud y sus fundamentos a la Corte Penal Internacional, y recabe las recomendaciones previstas en el artículo 59, párrafo 5, del Estatuto de Roma, dentro de un plazo máximo de 48 horas contadas desde la detención.

Transcurrido el plazo de 48 horas, se reanudará la audiencia y el Ministro de la Corte Suprema dará lectura a las recomendaciones de la Corte Penal Internacional, si hubieren sido remitidas. Luego dará la palabra a los intervinientes.

El Ministro sólo podrá disponer la libertad provisional cuando concurran las circunstancias urgentes y excepcionales invocadas por el defensor u otras análogas, y estimare que existen las salvaguardias necesarias para que la persona requerida pueda ser entregada a la Corte Penal Internacional si en definitiva se acogiera la respectiva solicitud de entrega.

Para efectos de la presente ley, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59 del Estatuto de Roma, se entenderá especialmente que existen circunstancias urgentes y excepcionales cuando la prisión preventiva o el arresto domiciliario no sean necesarias para las investigaciones o para la seguridad del ofendido o de la sociedad, teniendo en cuenta las razones que la Corte Penal Internacional tuvo a la vista para decretar la detención de la persona, de conformidad con el artículo 58, párrafo 1, del Estatuto de Roma. El Ministro de la Corte Suprema resolverá si decreta la medida cautelar personal solicitada o concede la libertad provisional, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que fundan la solicitud de entrega,las alegaciones de los intervinientes y las recomendaciones efectuadas por la Corte Penal Internacional, si hubieren sido remitidas.

En caso de acceder a la solicitud de libertad provisional, el Ministro de la Corte Suprema abrirá debate a efectos de determinar la procedencia de alguna de las medidas cautelares restrictivas de libertad establecidas en el artículo 155 del Código Procesal Penal, y podrá decretar la que estime procedente. Con todo, la persona requerida sólo será puesta en libertad una vez que la resolución que concediere la libertad provisional se encuentre ejecutoriada.

Artículo 17. Citación a la audiencia de entrega.

Antes del término de la audiencia de control de detención, el Ministro de la Corte Suprema dictará resolución fijando, desde luego, y para un día y hora determinados, la realización de la audiencia a la que se refiere el artículo 22 de esta ley. Dicha audiencia deberá tener lugar en un plazo no inferior a 10 ni superior a 20 días, contados desde la audiencia de control de detención. Los intervinientes presentes en dicha audiencia se entenderán notificados personalmente de esta resolución. Asimismo, el Ministro de la Corte Suprema dispondrá que se notifique al Ministerio Público, para los fines a los que pudiera haber lugar. Sin perjuicio de lo anterior, a petición de cualquier interviniente, el Ministro de la Corte Suprema podrá postergar el inicio de la audiencia establecida en el artículo 22. Para ello, el Ministro citará a todos los intervinientes a una audiencia convocada al efecto, en la que podrá resolver postergar la realización de la audiencia establecida en el artículo 22 sólo por un plazo máximo de 10 días, siempre y cuando concurran motivos calificados.

Artículo 18. Solicitud de modificación, revocación o sustitución de las medidas cautelares personales.

En cualquier estado del procedimiento, los intervinientes podrán solicitar la modificación, sustitución o revocación de la prisión preventiva o de las otras medidas cautelares personales que se hubieren decretado.

En caso de que la persona requerida solicitare la modificación, sustitución o revocación de una medida de prisión preventiva o arresto domiciliario total vigente, deberá invocar circunstancias urgentes y excepcionales que lo justifiquen, de conformidad con el artículo 59, Párrafo 4, del Estatuto de Roma. Se entenderá especialmente que existen circunstancias urgentes y excepcionales cuando la prisión preventiva o el arresto domiciliario no sea considerado como necesario para la seguridad del ofendido o de la sociedad.

Si el Ministro de la Corte Suprema estimare que tal solicitud tiene un fundamento plausible, y que de accederse a ella existirían las salvaguardias necesarias para que la persona requerida pudiera ser entregada a la Corte Penal Internacional, oficiará inmediatamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objeto de que éste transmita a dicho tribunal internacional la solicitud formulada por la persona requerida. El Ministerio de Relaciones Exteriores solicitará a la Corte Penal Internacional que remita las recomendaciones previstas en el artículo 59, párrafo 4, del Estatuto de Roma, dentro del plazo fijado al efecto por el Ministro de la Corte Suprema, el que no podrá exceder de 48 horas.

Transcurrido el plazo fijado por el Ministro de la Corte Suprema para recibir las recomendaciones de la Corte Penal Internacional, deberá adoptar una decisión sobre la solicitud deducida por la persona requerida. Para resolver, el tribunal observará lo dispuesto en el penúltimo inciso del artículo 16 de esta ley.

Si el Ministro de la Corte Suprema accediera a la solicitud de la persona requerida, la respectiva resolución sólo podrá cumplirse una vez que ella se encontrare ejecutoriada. Tan pronto como ello ocurra, el Ministro de la Corte Suprema deberá remitir una copia autorizada de la resolución a la Corte Penal Internacional, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Si la Corte Penal Internacional así lo solicitare, el Ministro de la Corte Suprema competente informará periódicamente a dicho tribunal internacional, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, acerca del cumplimiento de las medidas a las que se encuentre sometida la persona requerida.

Artículo 19. Ofrecimiento de pruebas.

Si la Corte Penal Internacional o la persona requerida quisieren rendir prueba testimonial, pericial o documental, deberán ofrecerla por escrito con a lo menos tres días de anticipación a la audiencia de entrega, individualizando a los testigos, si los hubiere. La prueba ofrecida se rendirá en la mencionada audiencia.

Artículo 20. Modificación de la solicitud de entrega.

Si la Corte Penal Internacional enmendara la orden de detención dictada contra la persona requerida, de conformidad con el artículo 58, párrafo 6, del Estatuto de Roma, y modificare, en consecuencia, la respectiva solicitud de entrega, el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá comunicarlo inmediatamente al Ministro de la Corte Suprema competente. El tribunal notificará a los intervinientes en el plazo máximo de tres días, y fijará nuevo día y hora para celebrar la correspondiente audiencia de entrega.

Con todo, si la enmienda fuere comunicada al Ministro de la Corte Suprema una vez que la audiencia de entrega ya hubiere finalizado, la respectiva comunicación de la Corte Penal Internacional será considerada como una nueva solicitud de entrega.

Artículo 21. Excepciones.

Desde el inicio del procedimiento destinado a resolver la solicitud de entrega, y hasta la audiencia prevista en el artículo 22 de esta ley, los intervinientes podrán interponer ante el Ministro de la Corte Suprema las excepciones previstas en este artículo, con el fin de que ellas sean transmitidas a la Corte Penal Internacional y ésta se pronuncie acerca de la admisibilidad de la causa que motiva la solicitud de entrega. Las excepciones individualizadas en este artículo deberán interponerse por escrito y ser acompañadas de los documentos que les sirvan de fundamento.

Para interponer la excepción de cosa juzgada, el interviniente interesado deberá aportar datos suficientes para individualizar el proceso judicial al que ya hubiere sido sometida la persona requerida en virtud de los mismos hechos que fundan la solicitud de entrega. Tales datos incluirán, a lo menos, una mención del tribunal ante el cual se haya sustanciado el proceso, cuál fue la decisión relativa a su participación en los hechos, y la fecha aproximada en que se adoptó dicha decisión. Si dispusiere de ella, el interviniente aportará una copia de la decisión absolutoria o condenatoria que hubiere pronunciado el tribunal.

Por su parte, los intervinientes podrán interponer la excepción de litispendencia, invocando que existe una investigación o una persecución penal en contra de la persona requerida por los mismos hechos que fundan la solicitud de entrega. Para tales efectos, el interviniente acompañará al escrito en el que oponga la excepción los principales antecedentes de la investigación o del proceso penal iniciado en contra de la persona requerida, incluyendo, si los hubiere, el acta de la respectiva audiencia de formalización, las resoluciones que se hubieren dictado en el proceso y el respectivo escrito de acusación.

Iniciada la audiencia de entrega, el Ministro competente abrirá debate sobre la cuestión, y permitirá que los intervinientes presenten aquellos antecedentes que estimare relevantes para adoptar una decisión.

Luego de oír a los intervinientes, el Ministro de la Corte Suprema deberá, por resolución fundada, desestimar la excepción deducida o declarar que ella tiene fundamento plausible. En este último caso, el Ministro acogerá a trámite la excepción, suspenderá la audiencia de entrega, y dentro del plazo máximo de dos días, deberá remitir al Ministerio de Relaciones Exteriores una copia autorizada de dicha resolución, acompañando copia íntegra de los antecedentes que le hubieren servido de fundamento.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el Ministro de la Corte Suprema estimare que pudieren concurrir las excepciones previstas en este artículo, pero ellas no hubieren sido opuestas en la oportunidad señalada en el inciso primero, deberá plantear dicha circunstancia durante la audiencia de entrega, dando a conocer los antecedentes en que funda tal apreciación. Luego abrirá debate sobre la cuestión. Tras oír a los intervinientes, si el Ministro estimare que hay antecedentes suficientes como para interponer alguna de las excepciones previstas en este artículo ante la Corte Penal Internacional, suspenderá la audiencia de entrega y remitirá, dentro de segundo día, la resolución y sus antecedentes fundantes al Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objeto de que éste proceda a impugnar la admisibilidad de la causa ante la Corte Penal Internacional, según lo dispuesto en el artículo 48 de esta ley.

Cuando la excepción de cosa juzgada hubiere sido deducida por la persona requerida, una vez que el Ministerio de Relaciones Exteriores reciba la resolución que la acoge a trámite, remitirá inmediatamente los antecedentes a la Corte Penal Internacional, y celebrará con ella las consultas pertinentes a fin de determinar si dicho tribunal internacional ha pronunciado una decisión sobre la admisibilidad de la causa. El Ministerio de Relaciones Exteriores transmitirá la respuesta de la Corte Penal Internacional al Ministro de la Corte Suprema tan pronto como la haya recibido. Según corresponda, se observarán las reglas siguientes:

1. Si la causa ya hubiera sido declarada admisible, el Ministro competente de la Corte Suprema lo notificará a todos los intervinientes, fijando en ese mismo acto fecha y hora para la continuación de la audiencia de entrega, la que se desarrollará según lo previsto en el artículo 22.

2. Si la Corte Penal Internacional no hubiere dictado una decisión sobre la admisibilidad, o si todavía estuviere pendiente el recurso que se hubiere interpuesto en contra dicha decisión, la audiencia de entrega se mantendrá suspendida hasta que la Corte Penal Internacional declare la admisibilidad de la causa, en cuyo caso se decretará la continuación de la audiencia de entrega. Si en definitiva la Corte Penal Internacional resolviere que la causa es inadmisible, el Ministro de la Corte Suprema rechazará la solicitud de entrega deducida por la Corte Penal Internacional y revocará la prisión preventiva o cualquier medida cautelar personal que se hubiera decretado en contra de la persona requerida.

Salvo el caso previsto en el inciso anterior, cuando se hubieren deducido las excepciones de litispendencia o de cosa juzgada, o cuando el Ministro de la Corte Suprema hubiera procedido de oficio según lo dispuesto en el inciso sexto de este artículo, el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá impugnar la admisibilidad de la causa ante la Corte Penal Internacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de esta ley. Deberá proceder a ello en el más breve plazo, el que no podrá exceder los 30 días, contados desde la recepción de los antecedentes. Para efectos de preparar el respectivo escrito de impugnación, el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá requerir antecedentes adicionales al Ministro de la Corte Suprema y a las Autoridades Nacionales, los que deberán ser remitidos dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la respectiva solicitud.

En los casos a los que se refiere el inciso anterior, la audiencia de entrega se mantendrá suspendida hasta que la Corte Penal Internacional se pronuncie sobre la impugnación, y haya resuelto el recurso previsto en el artículo 19, párrafo 6, del Estatuto de Roma, en caso de que hubiere sido interpuesto. Dependiendo de dicho pronunciamiento, se observarán las reglas siguientes:

1. Si la Corte Penal Internacional rechazare la impugnación a la admisibilidad deducida de conformidad con el artículo 48 de esta ley, el Ministerio de Relaciones Exteriores lo comunicará inmediatamente al Ministro de la Corte Suprema competente, quien lo notificará a todos los intervinientes, y fijará fecha y hora para la continuación de la audiencia de entrega, la que se desarrollará según lo previsto en el artículo 22.

2. Si la Corte Penal Internacional resolviere que la causa es inadmisible, el Ministro de la Corte Suprema rechazará la solicitud de entrega deducida por la Corte Penal Internacional y revocará la prisión preventiva o cualquier medida cautelar personal que se hubiera decretado en contra de la persona requerida.

Artículo 22. Audiencia de entrega.

La audiencia de entrega será pública, y a su inicio, el Ministro de la Corte Suprema le consultará a la persona requerida si desea prestar su conformidad con la solicitud de la Corte Penal Internacional, señalándole que tiene la oportunidad de discutirlo previamente con su defensor. Se le informará que, en caso de acceder a la solicitud de la Corte Penal Internacional, ésta se concederá sin más trámite y se dispondrá su entrega a ese tribunal. Si la persona requerida solicitare consultar con su defensor, el Ministro podrá suspender la audiencia por el plazo que solicite la defensa, siempre que no exceda de 24 horas.

Si la persona requerida manifestare su conformidad con la solicitud de entrega formulada por la Corte Penal Internacional, el Ministro de la Corte Suprema procederá a dictar la correspondiente resolución de entrega y pondrá a la persona requerida a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Si la persona requerida no manifestare su conformidad con la solicitud de entrega formulada por la Corte Penal Internacional, el Ministro de la Corte Suprema concederá la palabra al representante de la Corte Penal Internacional, quien dará breve cuenta de los antecedentes en que se funda la solicitud de entrega.

A continuación, se rendirá la prueba que los intervinientes hubieren ofrecido oportunamente. Una vez rendida la prueba, la persona requerida podrá prestar declaración, si lo deseare. En ese caso, la persona requerida podrá ser interrogada y contrainterrogada.

Concluida la recepción de prueba que eventualmente se hubiere rendido, el Ministro de la Corte Suprema otorgará sucesivamente la palabra al representante de la Corte Penal Internacional y al defensor, para que expongan sus conclusiones. Luego, se le concederá la palabra a la persona requerida, para que manifestare lo que estime conveniente.

Artículo 23. Casos comprendidos por los artículos 97 y 98 del Estatuto de Roma.

Si el Ministro de la Corte Suprema competente considerare que la solicitud de entrega formulada por la Corte Penal Internacional pudiera estar comprendida dentro de los casos previstos en los artículos 97 y 98 del Estatuto de Roma, en que no procede conceder la solicitud, dispondrá que se celebren las consultas pertinentes con la Corte Penal Internacional, exponiendo los fundamentos respectivos. Una vez que haya dictado dicha resolución, oficiará inmediatamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de que se celebren las consultas pertinentes y la Corte Penal Internacional procure obtener el consentimiento de los terceros Estados involucrados, cuando corresponda. Terminadas las consultas, y con el mérito de sus resultados, el Ministro de la Corte Suprema dictará sentencia, de conformidad con el artículo siguiente, en lo pertinente.

Artículo 24. Sentencia que resuelve la solicitud de entrega.

El Ministro de la Corte Suprema resolverá la solicitud de entrega dentro de quinto día de finalizada la audiencia a la que se refiere el artículo 22.

El Ministro de la Corte Suprema deberá acoger la solicitud de entrega cuando ésta cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 9° de esta ley. La sentencia que acoja la solicitud de la Corte Penal Internacional deberá dejar constancia de ello, indicar el tiempo total que la persona requerida permaneció privada de libertad desde que fue detenida por los hechos en que se fundó la solicitud de entrega, e indicar la forma en que se respetaron los derechos de la persona requerida. Cuando se hubieren opuesto excepciones, la sentencia deberá señalar, además, que la Corte Penal Internacional ha declarado la admisibilidad de la causa que motiva la solicitud de entrega.

En la misma sentencia, el Ministro de la Corte Suprema deberá, de oficio, solicitar a la Corte Penal Internacional que, si en definitiva condenare a la persona requerida por los hechos que motivaron la solicitud de entrega, le abone a la pena que se le imponga el tiempo total que ella permaneció privada de libertad por causa de la solicitud, desde el momento en que fue detenida hasta el momento en que se materializare la entrega a ese tribunal internacional.

En caso de que el Ministro de la Corte Suprema decida no dar lugar a la solicitud de entrega, la sentencia deberá motivar detalladamente los fundamentos de dicha decisión, citando las disposiciones pertinentes del Estatuto de Roma y las demás normas que resulten aplicables, y deberá individualizar, cuando corresponda, los defectos que presentare la solicitud, así como una síntesis de las consultas que se hubieren celebrado con la Corte con el objeto de subsanarlos, de conformidad con el artículo 97 del Estatuto de Roma. Asimismo, la sentencia que no dé lugar a la solicitud de entrega revocará la prisión preventiva o las otras medidas cautelares que se hubieren decretado en contra de la persona requerida, pero ésta no producirá efectos en tanto no se encuentre ejecutoriada.

Una vez dictada la sentencia, el Ministro de la Corte Suprema oficiará inmediatamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitándole que dentro de segundo día remita una copia a la Corte Penal Internacional.

Una vez ejecutoriada, la sentencia que rechace la solicitud de entrega sólo producirá cosa juzgada formal.

Artículo 25. Recursos contra la sentencia que falla la solicitud de entrega.

En contra de la sentencia que resuelve la solicitud de entrega sólo procederá el recurso de nulidad, el que únicamente podrá fundarse en una o más de las causales previstas en los artículos 373 letra a) y 374, ambos del Código Procesal Penal, en la medida en que fueren aplicables al procedimiento establecido en esta ley. Corresponderá conocer de estos recursos a la Corte Suprema.

El recurso de nulidad deberá interponerse en un plazo máximo de 10 días contado desde la notificación de la sentencia definitiva. Apenas se haya presentado el respectivo recurso, el Ministro de la Corte Suprema remitirá una copia al Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de que sea transmitida a la Corte Penal Internacional.

La Corte Suprema conocerá del recurso de conformidad con las reglas previstas para la tramitación de los recursos en el Código Procesal Penal. En caso de acogerse el recurso de nulidad, la Corte Suprema anulará el procedimiento de entrega y la respectiva sentencia, determinará el estado en que hubiere de quedar el procedimiento y ordenará la remisión de los autos al tribunal competente. Si correspondiere, los autos se enviarán a aquel Ministro de la Corte Suprema que estuviere conociendo de una solicitud de extradición o detención previa que se hubiere promovido respecto de la misma persona, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de esta ley.

Artículo 26. Entrega de la persona requerida.

Ejecutoriada que fuere la sentencia que acogiere la solicitud de entrega a la Corte Penal Internacional, el Ministro de la Corte Suprema pondrá a la persona requerida a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de que proceda a entregarla a dicho tribunal. El Ministro de la Corte Suprema ordenará que el respectivo oficio sea entregado al Ministerio de Relaciones Exteriores en el plazo máximo de tres días desde que la sentencia quedare ejecutoriada.

El Ministerio de Relaciones Exteriores remitirá a la Corte Penal Internacional la sentencia que concede la entrega en un plazo máximo de tres días, contados desde la recepción del oficio respectivo, informándole que la persona requerida se encuentra a su disposición a partir de dicha notificación. Una vez remitida la sentencia a la Corte Penal Internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores informará tal circunstancia al Ministro de la Corte Suprema.

El modo en que se procederá a la entrega de la persona requerida será acordado directamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Corte Penal Internacional, debiendo ambos procurar que el proceso de entrega no atente en contra de los derechos fundamentales de la persona requerida.

Salvo las excepciones previstas en el artículo 27 de esta ley, la persona requerida deberá ser entregada a la Corte Penal Internacional en el plazo máximo de sesenta días, contados desde la fecha en que haya sido puesta a disposición de dicho tribunal, de conformidad al inciso segundo.

Si transcurrido dicho plazo aún no se ha concretado la entrega, el Ministerio de Relaciones Exteriores requerirá a la Corte Penal Internacional para que, dentro del plazo de cinco días, le informe acerca de las razones que pudieren explicar dicha tardanza. Asimismo, le informará que, de no invocarse una causa razonable, tal circunstancia será considerada como justificación suficiente para otorgarle la libertad provisional a la persona requerida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59, párrafo 4, del Estatuto de Roma. Lo establecido en este inciso no tendrá lugar cuando la tardanza en la entrega sea imputable al Estado de Chile, o se deba a caso fortuito o fuerza mayor.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informará al Ministro de la Corte Suprema el resultado de la gestión prevista en el inciso anterior tan pronto como haya expirado el plazo adicional de cinco días, y adjuntará una copia de la respuesta remitida por la Corte Penal Internacional, si la hubiere.

El Ministro de la Corte Suprema notificará a la persona requerida de los resultados de la gestión realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si solicitare la libertad provisional mientras se procede a ejecutar su entrega, el tribunal citará a una audiencia y resolverá la solicitud, con el mérito de lo expuesto por los intervinientes y de los antecedentes recabados de conformidad con este artículo, observando lo dispuesto en el penúltimo inciso del artículo 16 de esta ley.

Artículo 27. Entrega diferida.

Cuando la persona requerida esté sometida en Chile a una investigación o enjuiciamiento en curso o se encuentre cumpliendo condena, por un hecho diferente del que motiva la solicitud de entrega remitida por la Corte Penal Internacional, ello no afectará la tramitación de esta última, y el Ministro de la Corte Suprema deberá resolverla de conformidad con las reglas generales. Sin embargo, una vez ejecutoriada la resolución que concede la entrega, el Ministro de la Corte Suprema suspenderá su ejecución si así lo solicitare el Ministerio Público, y oficiará inmediatamente al Ministerio de Relaciones Exteriores para que proceda a celebrar las consultas pertinentes con la Corte Penal Internacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, párrafo 4, del Estatuto de Roma. Mediante dichas consultas, el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá acordar con la Corte Penal Internacional un término para aplazar la entrega de la persona requerida, de conformidad con el artículo 94, párrafo 1, del Estatuto de Roma. Si las consultas finalizan sin haberse acordado un plazo, se pondrá a la persona requerida a disposición de la Corte Penal Internacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de esta ley.

La determinación de las responsabilidades civiles derivadas de cualquier proceso civil al que se encuentre sujeto la persona requerida, no podrá impedir o demorar la entrega.

La entrega también podrá diferirse cuando, por motivos de salud de la persona requerida, su traslado pudiera poner en peligro su vida o agravar su estado de salud.

Si la persona requerida solicitare el aplazamiento de su entrega por el motivo señalado en el inciso anterior, el Ministro de la Corte Suprema oficiará al Ministerio de Relaciones Exteriores para que proceda a celebrar las consultas pertinentes con la Corte Penal Internacional. Con el mérito de los antecedentes invocados por la persona requerida, y el resultado de las respectivas consultas, el Ministro podrá diferir la entrega por este motivo, a menos que estimare que el traslado puede efectuarse en condiciones aptas para prevenir los riesgos señalados en el inciso anterior. Cuando el Ministro de la Corte Suprema difiera la entrega por este motivo, oficiará al Ministerio de Relaciones Exteriores para que lo informe a la Corte Penal Internacional, y tomará todas las medidas necesarias para que dicho aplazamiento no impida la entrega de la persona requerida a dicho tribunal internacional, una vez que esté en condiciones de ser trasladada. La decisión que conceda este aplazamiento deberá ser revisada de oficio periódicamente, a lo menos cada 30 días, y también podrá ser revisada a petición de cualquiera de los intervinientes.

Artículo 28. Ampliación de la solicitud de entrega.

Una vez que la persona requerida haya sido entregada a la Corte Penal Internacional, ésta última podrá pedir la ampliación de la solicitud de entrega, de conformidad con lo previsto en el artículo 101, párrafo 2, del Estatuto de Roma. Para estos efectos, deberá presentar una solicitud, la que deberá cumplir, en lo pertinente, con los requisitos del artículo 9° de esta ley, indicando los hechos por las cuales se pide la ampliación. Cuando sea posible, la solicitud será resuelta por el Ministro de la Corte Suprema competente que haya conocido de la respectiva solicitud de entrega.

Las disposiciones contempladas en los artículos 10 a 25 de esta ley serán aplicables, en lo que corresponda, al procedimiento de ampliación de la solicitud de entrega.

Artículo 29. Detención previa.

Antes de remitir una solicitud formal de entrega, la Corte Penal Internacional podrá, en casos de urgencia, solicitar la detención previa de una persona, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 del Estatuto de Roma. Dicha solicitud será conocida por un Ministro de la Corte Suprema, designado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de esta ley. Dicho Ministro será competente para conocer también de las demás diligencias y trámites procesales regulados en este Título, que en lo sucesivo se susciten.

La solicitud de detención previa deberá constar en cualquier medio fidedigno que permita dejar registro escrito y contendrá:

1. Información suficiente para identificar a la persona buscada y datos sobre su probable paradero;

2. Una exposición concisa de los crímenes o delitos por los que se pide la detención, y de los hechos que presuntamente serían constitutivos de los mismos, inclusive, de ser posible, la indicación de la fecha y el lugar de comisión del o los hechos;

3. Una declaración de la Corte Penal Internacional de que existe una orden de detención y, en su caso, una sentencia condenatoria, respecto de la persona buscada;

4. Una declaración de que la Corte Penal Internacional presentará una solicitud de entrega de la persona buscada.

El Ministerio de Relaciones Exteriores examinará a la brevedad la solicitud de detención previa, a fin de determinar si cumple con los requisitos formales establecidos en el artículo 4° de esta ley. Verificado el cumplimiento de estos requisitos, la remitirá inmediatamente a la Corte Suprema para su tramitación, con todos los documentos que la justifiquen. De lo contrario, celebrará las consultas pertinentes con la Corte Penal Internacional.

Tan pronto sea recibida la solicitud de detención previa, el Ministro de la Corte Suprema procederá a examinar la solicitud y, si cumple con los requisitos señalados en este artículo, despachará inmediatamente la orden de detención correspondiente.

Cuando el Ministro de la Corte Suprema estimare, por resolución fundada, que la solicitud no cumple con los requisitos formales previstos en el inciso segundo de este artículo, lo comunicará de inmediato al Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de que celebre con la Corte Penal Internacional las consultas necesarias para subsanar dicha dificultad.

Las disposiciones contempladas en los artículos 11 a 25 de esta ley, serán aplicables, en lo que corresponda, al procedimiento de detención previa.

El Ministro de la Corte Suprema comunicará inmediatamente al Ministerio de Relaciones Exteriores que se ha procedido a la detención de la persona buscada, con el fin de que transmita dicha información a la Corte Penal Internacional.

La persona detenida deberá ser puesta en libertad si la Corte Penal Internacional no formulase la correspondiente solicitud de entrega en un plazo máximo de sesenta días, contados desde la fecha de su detención.

La Corte Penal Internacional no podrá renovar la solicitud de detención previa. Con todo, si la persona de que se trate fuera puesta en libertad por haber expirado el plazo establecido en el inciso anterior, ello no obstará a que sea nuevamente detenida si es que la Corte Penal Internacional formaliza la solicitud de entrega, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de esta ley.

Artículo 30. Solicitudes de tránsito.

La Corte Penal Internacional podrá solicitar una autorización de tránsito en aquellos casos enque otro Estado entregue una persona a dicho tribunal internacional y se prevea su ingreso al territorio nacional.

La solicitud de autorización de tránsito deberá contener:

1. La individualización de la persona respecto de la cual se solicita el tránsito.

2. Una breve exposición de los hechos de la causa y su calificación jurídica.

3. Copia de la orden de detención.

4. Copia de la decisión del otro Estado que haya concedido la entrega a la Corte Penal Internacional.

Una vez recibida la solicitud de tránsito, el Ministerio de Relaciones Exteriores la remitirá inmediatamente a la Corte Suprema.

Un Ministro de la Corte Suprema designado para tal efecto conocerá de la solicitud. Si ella cumple con los requisitos previstos en el inciso segundo de este artículo, el tribunal autorizará el tránsito de la persona por el territorio nacional, a menos que estime fundadamente que ello pueda obstaculizar o demorar la entrega de la persona detenida, previo informe del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cuando el Ministro conceda la solicitud, dispondrá en la misma resolución que la persona permanecerá detenida mientras dure el tránsito, consignando las razones invocadas por la Corte Penal Internacional para justificar la necesidad de la detención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58, párrafo 1, del Estatuto de Roma. El Ministro transmitirá la autorización al Ministerio Público, a las policías, y a la Corte Penal Internacional en un plazo máximo de 3 días, contados desde la respectiva resolución.

No se requerirá autorización de tránsito cuando la persona sea transportada por vía aérea y no se prevea aterrizaje en territorio chileno. Sin embargo, si la Corte Penal Internacional lo estima pertinente, podrá presentar una autorización para la eventualidad de que se produzca un aterrizaje no planificado en territorio nacional.

Si no se hubiere requerido autorización de tránsito, y se produjera un aterrizaje no planificado en el territorio nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores informará inmediatamente a la Corte Suprema, y paralelamente solicitará a la Corte Penal Internacional la presentación de una solicitud de tránsito. El Ministro de la Corte Suprema designado para tal efecto decretará la detención inmediata de la persona transportada, por un plazo de 48 horas. A petición del representante de la Corte Penal Internacional, el Ministro de la Corte Suprema decretará la ampliación de la detención por el plazo necesario para completar las noventa y seis horas de privación de libertad contadas desde el aterrizaje imprevisto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, párrafo 3, letra e) del Estatuto de Roma.

Si la solicitud de autorización de tránsito no es recibida dentro del plazo previsto en el inciso anterior, la persona deberá ser puesta en libertad. Ello no obstará a que la persona sea nuevamente detenida, si es que la Corte Penal Internacional presenta una solicitud de entrega o una solicitud de detención previa, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.

TÍTULO III

Concurrencia de solicitudes de entrega y de extradición.

Artículo 31. Reglas generales de la concurrencia.

Si respecto de una misma persona se presentare una solicitud de entrega o una solicitud de detención previa formulada por la Corte Penal Internacional, y una o más solicitudes de extradición pasiva o de detención previa con fines de extradición, todas ellas serán conocidas por el Ministro de la Corte Suprema que se hubiere designado para conocer aquella que se hubiese presentado primero.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 25, lo previsto en este artículo sólo tendrá lugar cuando, al tiempo de presentarse una solicitud, estuviere pendiente otra de las mencionadas en el inciso primero de este artículo y aún no se hubiere dictado sentencia definitiva en la causa.

Tan pronto como se produjere la concurrencia prevista en el inciso primero, la Corte Suprema informará de ello al Ministerio de Relaciones Exteriores, el que comunicará tal circunstancia a la Corte Penal Internacional y al Estado requirente, a la brevedad posible, para los fines a que haya lugar.

El Ministro de la Corte Suprema tramitará cada solicitud según sus respectivas reglas de procedimiento. Sin embargo, la dictación de las respectivas sentencias se aplazará hasta que todas ellas se encuentren en estado de fallo. Cuando ello ocurra, las solicitudes deberán resolverse conjuntamente dentro de los cinco días siguientes al término de la audiencia establecida en el artículo 22 de esta ley o del artículo 448 del Código Procesal Penal, según corresponda. Con todo, si el Estado requirente impugnara la admisibilidad de la causa ante la Corte Penal Internacional como consecuencia de la notificación prevista en el inciso anterior, se aplazará la dictación de la sentencia hasta que la Corte Penal Internacional se pronuncie sobre dicha impugnación por decisión firme.

Si se cumplieran los requisitos para dar lugar a más de una solicitud, el tribunal deberá decidir en la sentencia cuál de todas ellas concederá, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32, 33 y 34 de esta ley.

Una vez dictada la sentencia, el Ministro de la Corte Suprema remitirá una copia al Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de que la transmita a la Corte Penal Internacional, según lo dispuesto en el artículo 24 de esta ley.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también informará a la Corte Penal Internacional cuando se deniegue la extradición promovida por un Estado requirente, cuando dicho tribunal internacional hubiera formulado una solicitud de entrega por los mismos hechos, pero luego haya procedido a determinar la inadmisibilidad de la causa a raíz de la notificación efectuada por el Estado de Chile de conformidad con el inciso tercero de este artículo.

En contra de la resolución que resuelva las solicitudes concurrentes previstas en este artículo, sólo procederá el recurso de nulidad señalado en el artículo 25 de esta ley.

Con todo, si el Ministro de la Corte Suprema hubiere acogido y dado preferencia a una solicitud de extradición, contra la sentencia procederán los dos recursos previstos en el artículo 450 del Código Procesal Penal, en la forma y plazos allí señalados.

Artículo 32. Concurrencia con una solicitud de extradición pasiva formulada por un Estado Parte del Estatuto de Roma, respecto de los mismos hechos.

Cuando se cumplieren los requisitos para conceder una solicitud de entrega formulada por la Corte Penal Internacional y una solicitud de extradición pasiva promovida por un Estado Parte del Estatuto de Roma, referidas a los mismos hechos, el Ministro de la Corte Suprema dará prioridad a la solicitud de entrega cuando:

1. La Corte Penal Internacional hubiere determinado que la causa por la cual requiere la entrega es admisible, y en su decisión hubiere tenido en cuenta la investigación o el enjuiciamiento que lleva a cabo el Estado que requiere la extradición; o

2. El Estado requirente hubiere impugnado la admisibilidad de la causa como consecuencia de la notificación efectuada por el Estado de Chile de conformidad con el inciso tercero del artículo precedente, y la Corte Penal Internacional rechazare tal impugnación por decisión firme, luego de haber resuelto el recurso previsto en el artículo 19, párrafo 6, del Estatuto de Roma, en caso de que hubiere sido interpuesto.

Además de los casos señalados en el inciso anterior, también se dará preferencia a la solicitud de entrega formulada por la Corte Penal Internacional cuando ella hubiere sido presentada con anterioridad a la solicitud de extradición.

Artículo 33. Concurrencia con una solicitud de extradición pasiva formulada por un Estado que no fuere Parte del Estatuto de Roma, respecto de los mismos hechos.

Cuando se cumplieren los requisitos para conceder una solicitud de entrega formulada por la Corte Penal Internacional, y una solicitud de extradición, promovida por un Estado que no hubiere sido Parte del Estatuto de Roma al tiempo de haberse iniciado la respectiva investigación ante dicho tribunal internacional, el Ministro de la Corte Suprema deberá determinar si existe o no una obligación de conceder la extradición a ese Estado en virtud de una norma de derecho internacional.

Si no existiere obligación de conceder la extradición, el tribunal deberá conceder la solicitud de entrega presentada por la Corte Penal Internacional, cuando ésta haya determinado que la causa que motiva el pedido es admisible, y hubiere rechazado la impugnación a la admisibilidad de la causa presentada por el Estado requirente, de haberse deducido. También se dará preferencia a la solicitud de entrega formulada por la Corte Penal Internacional cuando ella hubiere sido presentada con anterioridad a la solicitud de extradición.

Si existiere una obligación de conceder la extradición en virtud de una norma de derecho internacional, pero la Corte Penal Internacional hubiere declarado la admisibilidad de la causa y hubiere rechazado la impugnación que el Estado requirente pudiera haber deducido al respecto, el Ministro de la Corte Suprema igualmente concederá la solicitud de extradición si ella fuere anterior a la solicitud de entrega, siempre que el respectivo crimen se hubiera cometido en el territorio del Estado requirente o la persona requerida fuera nacional de dicho Estado. Si la Corte Penal Internacional no se hubiere pronunciado sobre la admisibilidad de la causa, pero el Estado requirente tampoco la hubiera impugnado al momento de dictar sentencia en la causa, el Ministro de la Corte Suprema sólo concederá la extradición si es que el respectivo requerimiento fuere anterior a la solicitud de entrega, y el crimen se hubiera cometido en el territorio del Estado requirente o la persona requerida fuere nacional de dicho Estado. En todos los demás casos, se concederá la solicitud de entrega formulada por la Corte Penal Internacional.

Artículo 34. Solicitudes concurrentes por distintos hechos.

Cuando se cumplieren los requisitos para conceder una solicitud de entrega formulada por la Corte Penal Internacional, y una solicitud de extradición promovida por cualquier Estado fundada en hechos distintos a los que motivan la solicitud de entrega, el Ministro de la Corte Suprema deberá determinar si existe o no una obligación de conceder la extradición al Estado requirente en virtud de alguna norma de derecho internacional.

Si no existiere obligación de conceder la extradición, el tribunal deberá conceder la solicitud de entrega presentada por la Corte Penal Internacional.

Si existiere una obligación de conceder la extradición al Estado requirente, el Ministro de la Corte Suprema sólo concederá la solicitud de extradición si ella fuere anterior a la solicitud de entrega, ella estuviere fundada en uno o más crímenes de gravedad equivalente a los que motivan la solicitud de la Corte Penal Internacional, y además, se refiriera a hechos ocurridos en el territorio del Estado requirente o presuntamente cometidos por nacionales de dicho Estado. En todos los demás casos, se concederá la solicitud de entrega formulada por la Corte Penal Internacional.

TÍTULO IV

Otras formas de asistencia

Artículo 35. De las otras formas de asistencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del Estatuto de Roma, las solicitudes de asistencia provenientes de la Corte Penal Internacional relativas a investigaciones o enjuiciamientos penales, tendrán por objeto la realización de diligencias, tales como:

a) Identificar y buscar personas u objetos;

b) Practicar diligencias de pruebas, incluidos los testimonios bajo juramento, y producir medios de pruebas, incluidos los dictámenes e informes periciales que requiera la Corte;

c) Interrogar a una persona objeto de investigación o enjuiciamiento;

d) Notificar documentos, inclusive los documentos judiciales;

e) Facilitar la comparecencia voluntaria ante la Corte de testigos o expertos;

f) Proceder al traslado provisional de personas;

g) Realizar inspecciones oculares, inclusive la exhumación y el examen de cadáveres y fosas comunes;

h) Practicar allanamientos y decomisos;

i) Transmitir registros y documentos, inclusive registros y documentos oficiales;

j) Proteger a víctimas y testigos y preservar medios de pruebas;

k) Identificar, determinar el paradero o inmovilizar el producto y los bienes y haberes obtenidos del crimen y de los instrumentos del crimen, o proceder a su incautación, con miras a su decomiso ulterior y sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe; y

l) Cualquier otro tipo de asistencia no prohibida por la legislación nacional, destinada a facilitar la investigación y el enjuiciamiento de crímenes y delitos de competencia de la Corte Penal Internacional.

De conformidad con el literal l) del inciso anterior, la Corte Penal Internacional podrá, conjuntamente con la solicitud de cooperación, pedir autorización para enviar a las personas especificadas en ella, a fin de que estén presentes en las diligencias requeridas y cooperen en su ejecución.

Artículo 36. Requisitos de las solicitudes de cooperación o asistencia.

Toda solicitud de cooperación a la que se refiere este Título deberá contener:

1. Una exposición concisa del objeto de la asistencia solicitada, incluidos los fundamentos jurídicos y los motivos de la solicitud;

2. La información más detallada posible acerca del paradero o la identificación de la persona de que se trate, o el lugar objeto de la búsqueda o la identificación;

3. Una exposición concisa de los hechos esenciales que han dado lugar a la solicitud;

4. La indicación detallada de cualquier procedimiento que deba seguirse o requisito que deba cumplirse, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 99, párrafo 1, del Estatuto de Roma;

5. El estado procesal en que se encuentra el procedimiento seguido ante la Corte Penal Internacional;

6. Cualquier otra información pertinente para que pueda prestarse la asistencia.

Estas solicitudes de cooperación deberán formularse por los canales previstos en el inciso segundo del artículo 4°. Sin embargo, en casos de urgencia, las solicitudes podrán ser formuladas por cualquier medio fidedigno que permita dejar constancia escrita, a condición de que ellas sean formalizadas a la brevedad posible por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores. En estos casos, las solicitudes de asistencia para investigaciones y enjuiciamientos penales podrán ser remitidas directamente al Ministerio Público, por la vía más expedita. Sin perjuicio de lo anterior, la solicitud deberá remitirse simultáneamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, el que las transmitirá a quien corresponda a la brevedad posible, de conformidad con las reglas generales.

Artículo 37. Examen de forma de las solicitudes de asistencia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores examinará la solicitud de asistencia, con el fin de verificar que contenga los requisitos formales indicados en el artículo 4° de esta ley.

Si la solicitud de cooperación no cumpliera con los señalados requisitos, el Ministerio de Relaciones Exteriores celebrará con la Corte Penal Internacional las consultas necesarias para subsanar dicha dificultad, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma y esta ley.

Si la solicitud cumpliera con los requisitos previstos en el artículo 4º de esta ley, el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá remitirla al Ministerio Público dentro de tercero día, para su respectiva ejecución.

Artículo 38. Ejecución de las solicitudes de asistencia.

Las solicitudes de asistencia serán ejecutadas por el Ministerio Público, excepto cuando a través de ellas se requiera la remisión de documentos que obren en poder del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Ministerio Público ejecutará las solicitudes de asistencia de conformidad con las normas del Código Procesal Penal, y cuando corresponda, deberá solicitar la autorización del juez de garantía competente, según lo previsto en dicho cuerpo legal.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, y siempre que no sea contrario a esta ley, otros cuerpos legales ni a la Constitución, las solicitudes de asistencia se ejecutarán, siempre que sea posible, en la forma indicada en la respectiva solicitud.

El Ministerio Público podrá requerir a la Corte Penal Internacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, toda información adicional que resulte necesaria para ejecutar la respectiva solicitud.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo y en el artículo 8° de esta ley, si el Ministerio Público requiriera coordinar aspectos prácticos vinculados con la ejecución de las solicitudes a las que se refiere este Título, podrá contactarse directamente con la Corte Penal Internacional.

Si la Corte Penal Internacional solicitare información o documentos de carácter secreto o reservado que no obraren en poder del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público deberá requerirlos a la autoridad u órgano del Estado competente en la materia, observando lo dispuesto en el artículo 19 del Código Procesal Penal. Si la autoridad u órgano requerido denegare o retardare el envío de los antecedentes solicitados, el Ministerio Público ocurrirá directamente ante la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, según corresponda, para que resuelva la controversia.

Si, de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior, el Ministerio Público obtuviere antecedentes secretos o reservados bajo la condición de que se observen ciertas precauciones destinadas a evitar su divulgación, deberá informar de ello al Ministerio de Relaciones Exteriores. Este último, al transmitir los respectivos antecedentes a la Corte Penal Internacional, deberá solicitarle que adopte las medidas necesarias para proteger el carácter confidencial de dicha información, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, párrafo 8, letra a) del Estatuto de Roma. Sin embargo, si las circunstancias lo exigieren, el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá transmitir los antecedentes a la Corte Penal Internacional bajo la condición de que ésta sólo los utilice para reunir nuevas pruebas. En este último caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá autorizar que tales estos documentos o información sean ulteriormente utilizados como medios de prueba, con sujeción a las condiciones que se acuerden con dicho tribunal internacional, según lo dispuesto en el artículo 93, párrafo 8, letra c) del Estatuto de Roma.

Artículo 39. Aplazamiento de la ejecución de solicitudes de asistencia.

Si la ejecución inmediata de una solicitud de asistencia interfiriere con una investigación o enjuiciamiento en curso en Chile, el Ministerio Público deberá comunicarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores, indicando si la asistencia podría ser conferida inmediatamente bajo determinadas condiciones, o si sería necesario aplazar la ejecución de la solicitud, con el objeto de no obstaculizar dicha investigación o enjuiciamiento. El Ministerio de Relaciones Exteriores transmitirá dicha información a la Corte Penal Internacional dentro de tercero día, y celebrará con ella las consultas pertinentes. Si se acordare postergar la ejecución de la solicitud, se deberá convenir un plazo al efecto.

En los casos en que se haya impugnado la admisibilidad de una causa o la competencia de la Corte Penal Internacional de conformidad con el Estatuto de Roma, el Ministerio Público podrá aplazar la ejecución de una solicitud de asistencia hasta que dicho tribunal internacional haya rechazado la impugnación deducida, por decisión firme. Sin embargo, el aplazamiento previsto en este inciso no tendrá lugar respecto de aquellas solicitudes cuya ejecución hubiere sido autorizada por la Corte Penal Internacional, de conformidad con los artículos 18 y 19 del Estatuto de Roma, o de aquellas solicitudes en las que dicho tribunal internacional requiriere antecedentes con el objeto de determinar la admisibilidad de la causa, de conformidad con el artículo 95 del Estatuto de Roma.

Los aplazamientos previstos en este artículo no obstarán a que el Ministerio Público adopte las medidas que resulten necesarias para proteger a víctimas y testigos, así como para preservar medios de pruebas, cuando la Corte Penal Internacional así lo solicite, de conformidad con el Estatuto de Roma.

Artículo 40. Negativa a otorgar asistencia.

Una solicitud de asistencia que cumpla con los requisitos previstos en esta ley sólo podrá ser denegada cuando su ejecución estuviera prohibida por el derecho chileno.

Si el Ministerio Público no obtuviere la autorización judicial necesaria para ejecutar una solicitud, o estimare que dicha ejecución sería contraria al derecho chileno, deberá comunicarlo inmediatamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, individualizando las normas pertinentes. El Ministerio Público también indicará si sería posible ejecutar la solicitud con sujeción a ciertas condiciones o en una fecha posterior, y en lo posible, individualizará las modificaciones que serían necesarias para proceder a su ejecución. El Ministerio de Relaciones Exteriores transmitirá dicha información a la Corte Penal Internacional dentro de tercero día, y procederá a celebrar las consultas previstas en el artículo 93, párrafo 3, del Estatuto de Roma.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, cuando el motivo invocado por el Ministerio Público o el tribunal competente para no dar curso a la solicitud fuere que la remisión de los respectivos antecedentes afectaría la seguridad nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores intentará alcanzar una solución al tenor de lo dispuesto en el artículo 72, párrafo 5, del Estatuto de Roma.

Si, a partir de las consultas celebradas de conformidad con este artículo, la Corte Penal Internacional formula nuevamente la solicitud en las condiciones señaladas por el Ministerio Público, o se acordaren términos que permitan darle curso de conformidad con el derecho chileno, el Ministerio Público deberá proceder a su ejecución.

Si se agotaren las consultas sin que pudiere resolverse la cuestión, y la Corte Penal Internacional insistiere en la solicitud de asistencia formulada inicialmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá comunicarle a dicho tribunal internacional que no resulta posible proceder a su ejecución, e indicará detalladamente las razones que justifican dicha decisión, a menos que la asistencia se deniegue para proteger la seguridad nacional, en cuyo caso se observará lo dispuesto en el inciso siguiente. Después de haber efectuado esta notificación, el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá impugnar la legalidad de la solicitud de asistencia ante la Corte Penal Internacional, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de dicho tribunal.

Cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores deniegue la ejecución de una solicitud por recaer en antecedentes cuya divulgación sería susceptible de afectar la seguridad nacional del Estado, observará lo dispuesto en el artículo 72, párrafos 6 y 7, del Estatuto de Roma.

Artículo 41. Solicitudes concurrentes de asistencia.

Cuando el Ministerio Público reciba solicitudes concurrentes de asistencia de la Corte Penal Internacional y de un Estado, que recaigan sobre la misma materia o diligencia, determinará si es posible atender ambas solicitudes de modo paralelo.

Si ello no fuere posible, el Ministerio Público lo comunicará inmediatamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, indicando si podría dar curso a ambas solicitudes con sujeción a ciertas condiciones, o postergando al menos una de ellas. El Ministerio de Relaciones Exteriores transmitirá dicha información a la Corte Penal Internacional y al Estado requirente dentro de tercero día, y celebrará consultas con ambos, con el fin de alcanzar un acuerdo que permita ejecutar ambas solicitudes. El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicará el resultado de estas gestiones al Ministerio Público tan pronto como ellas hayan finalizado. Si las consultan se hubieren agotado sin haberse resuelto la cuestión, el Ministerio Público deberá someter el asunto al conocimiento de la Corte de Apelaciones respectiva, la que lo resolverá de conformidad con los criterios enunciados en los artículos 32, 33 y 34 de esta ley, en la medida en que fueren pertinentes.

Artículo 42. Solicitudes especiales de cooperación para la ejecución de multas, órdenes de decomiso, y decisiones de reparación.

La Corte Penal Internacional podrá remitir solicitudes de cooperación para hacer efectivas las multas y órdenes de decomiso, o decisiones de reparación decretadas por dicho tribunal internacional, de conformidad con la Parte VII del Estatuto de Roma. Tales solicitudes deberán:

1. Venir acompañadas de una copia íntegra de la respectiva orden o decisión dictada por la Corte Penal Internacional;

2. Individualizar a la persona contra quien se haya dictado la orden respectiva.

Tratándose de las solicitudes destinadas a hacer efectiva una orden de decomiso, ellas también deberán indicar el producto, los bienes o los haberes que la Corte Penal Internacional haya decretado decomisar; y toda información de la que disponga la Corte concerniente a la localización del producto, los bienes o los haberes que sean objeto de la orden de decomiso.

Cuando la Corte Penal Internacional solicite asistencia con el fin de hacer efectiva una multa o una decisión de reparación dictada por ese tribunal, las solicitudes también deberán especificar:

1. La identidad de las víctimas o sus causahabientes, a quienes se haya concedido la reparación a título individual;

2. Cuando corresponda, la información necesaria para proceder al depósito de una suma de dinero al Fondo Fiduciario para las Víctimas de la Corte Penal Internacional, en caso de que el monto de tal reparación haya de depositarse en dicho Fondo, y

3. El alcance y la naturaleza de las reparaciones que haya ordenado la Corte, especificando, cuando corresponda, los bienes y haberes cuya restitución se haya ordenado.

Si no fuera posible ejecutar una orden de decomiso, se adoptarán las medidas necesarias para cobrar el valor del producto de los bienes o los haberes cuyo decomiso hubiere decretado la Corte.

Cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores reciba una solicitud de asistencia de conformidad con este artículo, deberá remitirla al Ministerio Público dentro de tercero día. Este último deberá proceder a solicitar su ejecución de conformidad con lo dispuesto en el Código Procesal Penal y en las demás leyes especiales que regulen la ejecución de sentencias penales, observando, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 467, 468, 469 y 472 del Código Procesal Penal, y en las disposiciones sobre ejecución de las resoluciones judiciales contempladas en el Código de Procedimiento Civil.

Una vez que se hayan decomisado o embargado los bienes de que se trate, éstos o su respectivo producto, según corresponda, quedarán a disposición del tribunal competente, el que lo comunicará inmediatamente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Este último coordinará la transferencia del dinero o los bienes con la Corte Penal Internacional, y de ser necesario, le solicitará toda información adicional que resulte pertinente para efectuar dicha transferencia.

La ejecución de las solicitudes previstas en este artículo no afectará los derechos que terceros de buena fe hubieren adquirido válidamente sobre los bienes individualizados en las respectivas solicitudes.

Artículo 43. Solicitud de declaración por videoconferencia.

Si una persona estuviera en el territorio nacional y tuviera que comparecer ante la Corte Penal Internacional como persona investigada o enjuiciada, como testigo o como perito, dicho tribunal internacional podrá dirigir una solicitud de asistencia con el objeto de que la audiencia se realice mediante videoconferencia.

Las solicitudes de audiencia mediante videoconferencia deberán contener, además de la información citada en el artículo 36 de esta ley, la individualización del Fiscal o de la Sala de la Corte Penal Internacional que conducirá la audiencia.

Los siguientes procedimientos se aplicarán a la conducción de la audiencia:

a) El Ministerio Público presentará la solicitud de asistencia ante el Juez de Garantía competente, el que citará a audiencia para celebrar la videoconferencia. El Juez de Garantía deberá estar presente, para los efectos de garantizar la correcta identificación de la persona que comparecerá.

b) La audiencia será conducida directamente por el Fiscal o la respectiva Sala de la Corte Penal Internacional, de acuerdo con el Estatuto de Roma y las Reglas de Procedimiento y Prueba;

c) A solicitud de la Corte Penal Internacional o de la persona que comparezca ante ella, el Juez de Garantía asegurará que la persona declarante sea asistida por un intérprete, de ser necesario.

El Juez de Garantía, al término de la audiencia, levantará un acta en que se indique la fecha y lugar de la celebración de la diligencia, la identidad de la persona que compareció, las identidades y funciones de los intervinientes y de todas las demás personas que participaron en la misma, los juramentos o promesas que se tomaron a la persona que compareció, y una síntesis de los resultados de la diligencia. Dicha acta deberá ser enviada, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Corte Penal Internacional.

Artículo 44. Traslado provisional de personas privadas de libertad.

De conformidad con el artículo 93, párrafo 7, letra a) del Estatuto de Roma, se podrá autorizar el traslado provisional de una persona que se encuentre privada de libertad, para los efectos de que sea identificada, rinda testimonio o preste asistencia de cualquier otra índole ante la Corte Penal Internacional.

Corresponderá autorizar el traslado provisional al Ministro de la Corte Suprema designado para tal efecto, siempre que el detenido otorgue su consentimiento libremente y con conocimiento de causa. Antes de autorizar el traslado, el Ministro competente le solicitará al Ministerio de Relaciones Exteriores que celebre consultas con la Corte Penal Internacional, con el objeto de acordar la forma, modalidades y plazos que regirán el traslado, el cual no podrá exceder del estrictamente necesario para el desarrollo de la diligencia.

Cuando se autorice el traslado, la persona de que se trate permanecerá detenida bajo la custodia de la Corte Penal Internacional y, una vez cumplidos los fines del traslado, ésta asegurará el regreso de la persona sin dilación.

Artículo 45. Ejecución directa de solicitudes por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

De conformidad con el artículo 99, párrafo 4, del Estatuto de Roma, cuando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional estimare que una solicitud de asistencia, que no implique el empleo de medidas coercitivas, debiera ser ejecutada directamente por dicho órgano para asegurar el éxito de la gestión, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional deberá comunicarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores, y ambos celebrarán un proceso de consultas sobre el particular. El Ministerio de Relaciones Exteriores transmitirá inmediatamente dicha comunicación al Ministerio Público, y le solicitará que emita un pronunciamiento respecto de ella dentro del plazo contemplado en el artículo 8º, inciso tercero, de esta ley.

A través de las referidas consultas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional podrán acordar los términos en que se procederá a la ejecución directa de la solicitud. Dicho acuerdo deberá respetar las condiciones u observaciones que el Ministerio Público haya podido efectuar de conformidad con el inciso primero de este artículo. Si se agotaren las consultas celebradas con la Fiscalía de la Corte sin que haya sido posible alcanzar un acuerdo, el Ministerio de Relaciones Exteriores celebrará consultas con la Corte Penal Internacional, y también podrá solicitar de esta última un pronunciamiento acerca de la legalidad de la ejecución directa pretendida por la Fiscalía de dicho tribunal internacional, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Corte.

Las solicitudes de asistencia a las que se refiere el inciso primero podrán comprender, especialmente, las siguientes diligencias:

1. La rendición voluntaria de pruebas o la declaración de una persona en forma voluntaria, lo que podrá efectuarse incluso sin la presencia de las Autoridades Nacionales, si ello fuere esencial para la exitosa ejecución de la solicitud, y

2. El reconocimiento de un recinto abierto al público o de otro lugar al que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional pueda acceder sin necesidad de contar con autorización judicial, siempre que la diligencia no implique alteraciones al mismo y no perturbe las facultades propietarias de quien legítimamente las ejerciere.

El Fiscal de la Corte Penal Internacional también podrá realizar determinadas medidas de investigación en territorio nacional, cuando haya obtenido la autorización prevista en el artículo 57, párrafo 3, letra d) del Estatuto de Roma. En estos casos, la autorización deberá expresar detalladamente los fundamentos que le hayan llevado a determinar que el Estado chileno manifiestamente no se encuentra en condiciones de cumplir con una solicitud de asistencia, debido a que no existe autoridad u órgano alguno para llevarla a cabo.

Artículo 46. Cooperación de la Corte Penal Internacional con las Autoridades Nacionales.

Las Autoridades Nacionales podrán solicitar cooperación y asistencia a la Corte Penal Internacional cuando lleven a cabo una investigación o sustancien un juicio por un hecho que constituya un crimen o delito de competencia de dicho tribunal internacional, un delito que merezca pena de crimen conforme a la legislación chilena, o un crimen o delito de aquellos tipificados en la Ley N°20.357.

A las solicitudes a que se refiere el inciso anterior, serán aplicables, en la medida en que sean pertinentes, los artículos 4° y 36 de esta ley.

TÍTULO V

Actuaciones ante la Corte Penal Internacional

Artículo 47. Presentación de denuncias ante la Corte Penal Internacional.

Corresponde exclusivamente al Presidente de la República decidir sobre la presentación de una denuncia ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 13, letra a), y el artículo 14 del Estatuto de Roma. También corresponderá al Presidente de la República decidir acerca de la posibilidad de solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares que examine la decisión del Fiscal de la Corte de no proceder a una investigación, o de pedir al Fiscal de la Corte Penal Internacional que reconsidere dicha decisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53, párrafo 3, letra a), del Estatuto de Roma.

Las decisiones sobre la presentación de denuncias, así como las solicitudes de reexaminación o reconsideración, se adoptarán previo informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, y cuando la denuncia trate acerca de hechos acaecidos en el territorio nacional, también se solicitará informe a la Corte Suprema y a la Fiscalía Nacional.

Una vez que haya adoptado una decisión de conformidad con este artículo, el Presidente de la República instruirá la redacción de los respectivos escritos al Ministerio de Relaciones Exteriores, el que los presentará ante la Corte Penal Internacional por el conducto regular.

Conjuntamente con la denuncia, se deberá acompañar una exposición de los hechos, las circunstancias del caso que sean pertinentes, y adjuntar la documentación que le sirva de fundamento.

Artículo 48.- Impugnación de la competencia de la Corte Penal Internacional o de la admisibilidad de la causa.

El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá impugnar la admisibilidad de una causa ante la Corte Penal Internacional, a requerimiento de la Corte Suprema o del Fiscal Nacional, en razón de que un asunto está siendo objeto de una investigación o enjuiciamiento, o ya ha sido objeto de investigación o enjuiciamiento previo, en el Estado de Chile. Esta impugnación no podrá efectuarse cuando el Estado de Chile haya hecho una denuncia sobre los mismos hechos, conforme al artículo 47 de esta ley.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también podrá impugnar la competencia de la Corte Penal Internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá a impugnar la admisibilidad de una causa o la competencia de la Corte Penal Internacional una sola vez en cada caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Estatuto de Roma. Ello deberá tener lugar, siempre que sea posible, antes del inicio del respectivo juicio o al momento de su inicio.

Con todo, cuando circunstancias excepcionales lo justifiquen, el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá solicitar a la Corte Penal Internacional autorización para proceder a impugnar la admisibilidad de la causa o la competencia de la Corte más de una vez, o en una fase posterior del juicio seguido ante dicho tribunal internacional.

Artículo 49. Solicitud de inhibición al Fiscal de la Corte Penal Internacional.

Cuando, de conformidad con el artículo 18 del Estatuto de Roma, el Fiscal de la Corte Penal Internacional notifique al Ministerio de Relaciones Exteriores que existen fundamentos razonables para iniciar una investigación sobre un asunto que podría ser de competencia de los tribunales nacionales, el Ministerio de Relaciones Exteriores, previo informe de la Corte Suprema y del Fiscal Nacional, comunicará a ese Tribunal, dentro del mes siguiente de recibida la notificación, que los tribunales nacionales han ejercido o están ejerciendo jurisdicción respecto de los crímenes a que se refiere la notificación, o que los órganos competentes del Estado se encuentran investigándolos, y solicitará la inhibición del Fiscal de la Corte Penal Internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores acompañará a dicha solicitud los antecedentes que le sirvan de fundamento.

Efectuada la inhibición de competencia por parte de la Corte Penal Internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a petición del Fiscal de la Corte Penal Internacional, informará periódicamente y sin dilación, acerca de la marcha de las investigaciones, en su caso, o de los juicios que se sigan para perseguir la responsabilidad penal derivada de los hechos individualizados en la notificación del Fiscal. Para estos efectos, el Ministerio de Relaciones Exteriores procederá a recabar la información requerida de las Autoridades Nacionales correspondientes.

Artículo 50. Información que pueda afectar los intereses de la seguridad nacional.

Si las Autoridades Nacionales o cualquier órgano del Estado, tienen conocimiento de que información o documentos emanados de ellos, que tienen carácter confidencial, pueden ser o están siendo divulgados por la Corte Penal Internacional, y estima que ello es susceptible de afectar la seguridad nacional, comunicarán tal circunstancia al Ministerio de Relaciones Exteriores. Si este último compartiera dicha apreciación, celebrará de inmediato las consultas pertinentes con dicho tribunal internacional y le solicitará que la cuestión se resuelva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72, párrafo 5, del Estatuto de Roma, en lo pertinente. El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicará a las Autoridades Nacionales o al órgano del Estado competente cualquier medida que se adopte al respecto.

Una vez que se hayan adoptado todas las medidas razonables para resolver la cuestión por medio de la cooperación, si el Ministerio de Relaciones Exteriores, previo informe del órgano que haya objetado la divulgación de los antecedentes según el inciso primero, considera que la información o los documentos no pueden divulgarse por medio alguno ni bajo ninguna condición sin perjuicio de sus intereses de seguridad nacional, notificará al Fiscal o a la Corte las razones concretas que justifiquen dicha determinación, a menos que la indicación concreta de esas razones perjudique necesariamente los intereses de seguridad nacional del Estado.

De solicitarse nuevas consultas por la Corte Penal Internacional, atendido a que, en concepto de ese tribunal internacional, la divulgación de la información es pertinente y necesaria para determinar la culpabilidad o la inocencia del acusado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a petición de las Autoridades Nacionales o el órgano del Estado competentes, podrá acordar que las documentos o la información de que se trate sólo se utilicen en procedimientos conducidos a puerta cerrada o ex parte, de conformidad a lo señalado en el artículo 72, párrafo 5, letra d) del Estatuto de Roma.

Artículo Segundo.- Agrégase un nuevo artículo 52 bis al Código Orgánico de Tribunales:

“Art. 52 bis. Un ministro de la Corte Suprema, designado por el tribunal, conocerá en única instancia las solicitudes de entrega y de tránsito emanadas de la Corte Penal Internacional, y de todas las incidencias relativas a dichas solicitudes.”.

Dios guarde a V.E.,

                                  SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

                                  Presidente de la República

      GONZALO BLUMEL MAC-IVER

       Ministro del Interior

        y Seguridad Pública

                                    TEODORO RIBERA NEUMANN

                               Ministro de Relaciones Exteriores

     HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ

       Ministro de Justicia

        y Derechos Humanos

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