El castigo a la revuelta

En las dinámicas del “poder”, recompensas y castigos han sido parte de los mecanismos de motivación predilectos para conducir a las contrapartes hacia los propios intereses. La metáfora del burro que camina hacia donde le indica su amo por el temor de ser golpeado, pero que también se anima ante la expectativa de alcanzar la zanahoria que cuelga delante de sus narices, ha cautivado muchas veces a los líderes políticos y, en Chile, no es la excepción. La estrategia del gobierno, del oficialismo y en algunos casos de la oposición para lidiar con la protesta social y con los desobedientes, tiene mucho del viejo ardid que juguetea al “garrote y la zanahoria”.

Ciertamente, el gobierno se ha esmerado en ofrecer un paquete de concesiones, bonos y mesas de diálogo a la sociedad movilizada, mientras por otra parte, negocia el respaldo transversal para conseguir criminalizar las vías de expresión observadas en las multitudinarias manifestaciones por las que se están cuestionando los paradigmas económicos, sociales, medioambientales y de seguridad, no solo en Chile, sino en el mundo entero.

Es difícil hacer otra lectura del contexto político actual, luego de la seguidilla de iniciativas referidas al orden público como la Ley Antisaqueos y Antibarricadas de los diputados Gonzalo Fuenzalida, Marcela Sabat (RN), Miguel Ángel Calisto, Gabriel Silber y Matías Walker Prieto (DC); la Ley antiencapuchados de los parlamentarios Felipe Kast (Evópoli), Andrés Allamand (RN), Felipe Harboe (DC), José Miguel Insulza (PS) y Víctor Pérez (UDI);  o la Ley Sticker, que promueven los senadores Francisco Chahúan (RN) y Juan Pablo Letelier (PS), entre otras, como la moción de  F. Chahuán que busca sancionar a quienes participen de aglomeraciones donde exista violencia.

En esta lógica, también aparecen de parte del gobierno algunos castigos simbólicos. El más reciente es el nombramiento de la ex vicepresidenta de la UDI Macarena Santelices a la cabeza del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Un portazo al diálogo y a las esperanzas de contar con una interlocutora empática frente a la impune violencia de género, que ha mostrado su peor faceta en las acciones represivas por parte de Carabineros y en las cifras en aumento de la violencia intrafamiliar en esta época de cuarentena.

¿Qué podría esperarse de la oposición política? Fragmentada, quizás también lesionada por el cuestionamiento social y su pérdida de poder, malamente accede a que sus representantes tradicionales sean parte de los intentos por limitar y castigar la influencia de la calle en sus decisiones y agendas. Así el panorama no luce bien.

Son estas herramientas las que evidencia el sector político para negociar el pacto social que se fragua en medio de una pandemia.

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